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No dañar


<Primum non cocere>, <Sobre todo, no hacer daño>



“El Ser Humano es persona y en cuanto a tal tiene dignidad y no precio y, en tanto que personas, todos los hombres y mujeres son iguales y merecen igual consideración y respeto”.

            Este principio es distinto del de beneficencia/asistencia, ya que el deber de no dañar es más obligatorio que la exigencia de promover el bien. El daño que se hace a una persona es más rechazable que el no haber promovido su bien en ciertas circunstancias.

Ante el tema de la distribución de los recursos cada vez más costosos y escasos, ¿qué criterios debemos utilizar a la hora de decidir a quién debe concederse la primacía en la utilización de una determinada Prestación o servicio?.

            Tradicionalmente, la justicia se ha identificado con la equidad, con dar a cada uno lo que le corresponde. Otros han hablado de que «casos similares exigen un tratamiento similar». Esta justicia o equidad no significa que se deba tratar a todos de la misma forma exactamente, pero sí que cada uno tenga acceso a los servicios  adecuados, dignos y básicos.

Una sociedad justa, que intente promover la igualdad de oportunidades, debe asegurar que «un cierto nivel de servicios estén a disposición de todos». Adecuado no quiere decir que todos  tengan derecho a la más alta tecnología sino a lo que se suele calificar como «cuidados primarios o de emergencia». Ante unos recursos limitados, el principio de justicia se enfrenta al dilema de asignación de los mismos.
           
            Ante las tensiones que pueden surgir en la aplicación de los principios de autonomía, asistencia y justicia, entre los intereses del individuo y de la sociedad cabría pensar sobretodo en las actitudes para ejercitar la equidad:

• omnisciente (que conozca y entienda todos los hechos),
• omnipercipiente (capaz de empatizar con los sentimientos de las personas afectadas),
• desinteresado (carente de egoísmo)
• y desapasionado (sin implicaciones personales).


            Estas actitudes puede ser un procedimiento práctico para intentar resolver los conflictos entre los principios y para dilucidar las prioridades en la distribución de los recursos ahora limitados.

            La aceptación común no significa que las respuestas concretas sean necesariamente las mismas, porque bastantes veces no es fácil delimitar qué principio debe ser primado. En los debates éticos, dichos principios hacen posible hablar un lenguaje común y percibir dónde se sitúan los puntos de discrepancia.

            Avanzar todos juntos en la misma dirección quizás sea la certeza indudable más coherente.

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